Ocho distritos de la capital sufren okupaciones ilegales

Miguel Hernández (@miguelher73). Fuente: Semanario GENTE

Ocho distritos de la capital (Centro, Hortaleza, Tetuán, Carabanchel, Usera, Villaverde, Puente y Villa de Vallecas) son los elegidos por las mafias de okupas para desarrollar una práctica ilegal que ha crecido de forma exponencial en los últimos años. La semana pasada vio la luz un documento de trabajo de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (Fravm) que dibuja con detalle un mapa de las okupaciones ilegales, barrio a barrio y calle a calle.

Apenas varios días después, el lunes 29 de febrero, la Delegación del Gobierno en Madrid y la Fiscalía dieron a conocer las primeras medidas que tienen previsto poner en marcha para poner freno a las usurpaciones ilegales en la capital. Ambas partes coincidieron en la necesidad de identificar los edificios okupados, promover la pronta denuncia por parte de los propietarios, impulsar juicios rápidos y pedir medidas cautelares para el desalojo. Según fuentes de la delegación, habrá más encuentros para seguir profundizando en el desarrollo de “estos cuatro importantes ejes”, con el objetivo de que los resultados obtenidos “cumplan con las espectativas y devuelvan la normalidad en la convivencia vecinal en todos los barrios”.

La Fravm valora de forma positiva esta iniciativa, que consideraun primer paso para resolver este problema. “Hay dos ideas que nos parecen interesantes como los juicios rápidos y las denuncias de los vecinos. Las otras necesitamos que nos las aclaren porque las vemos en el aire”, comenta a GENTE el presidente de este colectivo, Enrique Villalobos. “No podemos quitar un ‘infierno’ de un sitio para ponerlo en otro. Nos preocupa que el problema se pueda trasladar de un sitio a otro. Si hay familias que se ven en la calle, se irán a otro lado”, explica. El dirigente vecinal asegura que para evitarlo tiene que haber una mayor coordinación entre las administraciones para crear alternativas habitacionales. “Hay que apostar por los alquileres en función de la renta con seguimiento por parte de Servicios Sociales para evitar que se delinca. Las mafias no pueden ver en las okupaciones un negocio”, concluye.

INCIDENCIA ZONA SUR. Tres de los cuatros distritos del Sur sufren los efectos de esta actividad delictiva. La Fravm focaliza el problema en los barrios de Camino Alto de San Isidro y Comillas (Carabanchel). En el segundo hablan de sobornos a vecinos de 100 euros a cambio de conseguir la llave del portal. Los bloques del Ivima de la calle de Asunción (barrio de Almendrales) son el escenario de esta práctica en Usera.Allí, las mafias se apropian de las viviendas. Por último, en Villaverde, tres zonas son las afectadas: San Cristóbal de los Ángeles, la Quinta del Pilar en Villaverde Bajo y la UVA de Villaverde. “Especialmente grave es la situación de la colonia Plata y Castañar, frente a la piscina”, reza el documento de la Fravm.

VALLECAS. Los dos distritos vallecanos son los lugares elegidos por las mafias para realizar su actividad en la zona Este de la capital. La Fravm focaliza el problema en los barrios en Entrevías (calles de Cerro de la Alcazaba y Buendía) y San Diego, en Puente de Vallecas. En el primero, denuncia más de 40 okupaciones y graves problemas de convivencia, mientras que en el segundo advierte de que redes mafiosas “realquilan” ocupaciones y amenazan a sus inquilinos. Por su parte, calcula que en el Ensanche de Vallecas (Villa de Vallecas) hay entre 150 y 200 usurpaciones mafiosas en el triángulo de las calles de Antonio Gades, Gran Vía del Sureste y Eduardo Chillida.

HORTALEZA Y TETUÁN. El trabajo de la Fravm establece que se han generalizado las okupaciones en la UVA de Hortaleza. “Son generalmente grupos organizados que se avisan unos a otros cuando queda una vivienda vacía”, explican en el documento. Por su parte, en Tetuán advierten de esta práctica sobre todo en la zona llamada ”pequeño caribe” (en las calles Almansa,Topete y Tenerife). La generalización de esta actividad conlleva, en determinadas ocasiones, problemas de convivencia con el vecindario histórico

Discrepancias políticas dejan en el aire la reapertura de un colegio

Miguel Hernández (@miguelher73). Fuente: Semanario GENTE

La disparidad de criterios entre la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid acerca de las obras de reparación realizadas en la cubierta del colegio público Gonzalo Fernández de Córdoba deja en el aire, y sin fecha definitiva, el regreso de la comunidad educativa (450 alumnos y 30 profesores) a este centro del distrito de Latina después de su traslado a comienzos del mes de enero a las instalaciones del IES Antonio Machado de Carabanchel Alto. “Hemos cumplido nuestra responsabilidad y estamos deseando que los niños vuelvan a su centro educativo”, comentó el consejero de Educación, Rafael Van Grieken, la semana pasada. El representante del Ejecutivo autonó- mico aseguró que se han arreglado las deficiencias detectadas en el tejado y que se certifica con la documentación remitida al Consistorio la obra acometida. La respuesta del Ayuntamiento de Madrid es taxativa. No abrirá el colegio situado en la calle de Adanero, 3 B, hasta que la seguridad esté garantizada. “La Comunidad de Madrid sólo ha acometido los arreglos de una parte de la cubierta del centro educativo y no en toda esta infraestructura como había que hacer”, argumentan desde el Consistorio madrileño. Además, abundan en que la Dirección General de Control de la Edificación detectó en enero la existencia de importantes deficiencias estructurales en la cubierta del edificio con posibilidades de derrumbamiento. Al respecto advierten que si la Comunidad no quisiera realizar las obras, el Ayuntamiento las asumiría por ejecución sustitutoria. Por último, fuentes municipales precisan que “harán todos los esfuerzos necesarios para que el centro pueda estar abierto en el curso 2016-2017”.

MOVILIZACIONES Debido a este desencuentro y ante la falta de información, los padres han iniciado una campaña de movilizaciones para pedir que las administraciones implicadas se pongan de acuerdo, acaben la obra lo antes posible y puedan volver al colegio con todas las garantías de seguridad. La primera de ellas, una concentración a las puertas de la Consejería de Educación en la calle de Alcalá, tuvo lugar el 26 de febrero. Al término de la protesta, los progenitores entregaron un escrito. En esta misiva, pidieron a la Comunidad que busque urgentemente el consenso con el Ayuntamiento para que, de forma conjunta, se tomen todas las medidas necesarias “para que podamos regresar cuanto antes al colegio y que se nos garantice que sea en septiembre”. “Hemos pedido que se pongan de acuerdo. Necesitamos que garanticen que el edifico es seguro para nuestros hijos y el personal. No entendemos que si los técnicos de una y otra parte no están de acuerdo, porque no se reuúnen antes de empezar las obras”, se lamenta Elena Caballero, portavoz del AMPA del Gonzalo Fernández de Córdoba.