Arantxa Mejías intentará parar en los tribunales el desahucio de su casa

Miguel Hernández (@miguelher73). Fuente: Semanario GENTE

Arantxa Mejías, presidenta de la Asociación de Afectados por la Venta de Viviendas de la EMVS, debería haber abandonado su casa el pasado 6 de octubre al comunicarle en septiembre por burofax la empresa Fidere, filial de los propietarios de su vivienda situada en el PAU de Carabanchel, la intención de no renovarle su contrato de alquiler al cumplirse los 10 años de la adjudicación. Su familia y ella, antiguos inquilinos de la EMVS, no han vuelto a tener noticias del fondo de inversión y una semana después continúan viviendo en el mismo lugar.

Su familia se considera discriminada al no renovarse su alquiler

Su posición es clara. No piensan abandonar su vivienda al considerar que tienen el mismo derecho que el resto de residentes a que se les ofrezca la opción de prorrogar al vencimiento su contrato de arrendamiento. Por este motivo han iniciado acciones legales contra los propietarios con la ayuda del abogado Benítez de Lugo en un proceso en el que cuentan con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid. El objetivo, paralizar la orden dada por la filial del fondo Blackstone al considerar que se trata de una decisión “discriminatoria”, en palabras de la propia Arantxa Mejías. Además, de forma paralela, van a intentar levantar el sobreseimiento de la querella presentada por la propia asociación contra la venta de las viviendas llevada cabo en julio de 2013 a raíz de los resultados de la comisión de investigación municipal que advertían diferentes irregularidades.

“Esta semana ha sido de locura. Me siento como una okupa en mi casa”, dice Mejías

ALTERNATIVAS Y VENGANZA “Lo que sé es que a los vecinos que se les finalizaba el contrato, se lo han renovado automáticamente y les han pasado el cobro por el banco”, asegura a GENTE. “En el supuesto de que se dictase el desahucio, la alternativa se materializará en solución habitacional”, agrega Mejías. La afectada no duda en calificar la decisión de Fidere como “venganza y un aviso para navegantes” por haber luchado por “defender sus intereses”. En este sentido, recuerda que no ha dejado de pagar el alquiler de cerca de 700 euros ni ha tenido ninguna queja por convivencia vecinal. “La situación es insostenible en lo personal y familiar. La última semana ha sido de locura, con pesadillas y sin poder dormir. No se lo deseo ni a los hijos de Ana Botella. Me siento como una okupa en mi propia casa”, concluye.

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